Con el fin de fortalecer la protección de los periodistas en su desempeño profesional, tuvo lugar el Seminario “Seguridad, Derechos Humanos y Libertad de Expresión: Nuevas Miradas a la Gobernabilidad”, en donde se reunieron académicos de diferentes instituciones y periodistas de la región Tijuana- San Diego.
El sistema para la protección de periodistas amenazados, a cargo del gobierno federal, está rebasado ante una violencia "desbordada" en distintos lugares del país, consideró Mónica Serrano, investigadora del Colegio de México (Colmex).
Sin embargo subrayó que atender únicamente esta falla en el problema de agresiones a periodistas es ver solo un síntoma.
Este jueves se llevó a cabo el curso taller de Acoso y violencia contra Periodistas por parte del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE), en coordinación con el INFORAJ en la capital del estado.
El curso taller fue dirigido por la psicóloga Brisa Armenta Cruz y Armando Rodríguez de CASEDE a periodistas de la entidad, a fin de sensibilizar a profesionales de los medios de comunicación local respecto a los delitos de acoso y violencia, con el propósito de sensibilizarlos respecto a este tema, “Que tanta difusión ha alcanzado por el alto impacto que causa en nuestra sociedad”, dijo.
El Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede) en coordinación con la UACH y CEDH impartieron curso-taller de Acoso y Violencia contra Periodistas.
En el Instituto de Formación y Actualización Judicial (Inforaj) de Chihuahua, sobre el Paseo Bolívar, Casede llevó a cabo la dinámica.
Armando Rodríguez Luna, director de proyectos de Casede, expuso números y datos sobre el mecanismo de protección a periodistas.
Entre 2005 y diciembre de 2017 fueron asesinados 89 periodistas en México y en 2018, hasta septiembre, habían sido privados de la vida 11 comunicadores. Los desaparecidos suman 20 y cientos más han sido víctimas de una violencia multidimensional que va del secuestro y amenazas a agresiones físicas y la criminalización del rol de los comunicadores. Por orden, los perpetradores son autoridades, personajes políticos, fuerzas públicas de seguridad, redes criminales y “grupos de interés”, revela el Informe 2018 Libertad de Expresión. Avances y Tareas Pendientes del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede).
No es posible que, por falta de presupuesto, opere en la incertidumbre el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; más aún en el contexto de que México es ubicado como el segundo país más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo.
7 de cada 10 periodistas opinan que los medios de comunicación a nivel local no pueden expresarse o informar libremente sin temer agresiones en su contra
El Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede) realizó una encuesta a 220 periodistas y defensores de derechos humanos en 20 entidades de la República y señaló que en el país, 8 de cada 10 periodistas denuncian haber sido intimidados en al menos una ocasión por la publicación de una nota, entrevista, o reportaje crítico que incomodó a alguien.
Un estudio reveló que 9 de cada 10 periodistas en el país se han sentido intimidados al menos una vez en su ejercicio profesional al publicar alguna entrevista, nota o reportaje crítico que haya incomodado a alguien.
Otras cifras revelan que el 77 % de periodistas han sido objeto de acoso, 65 % sufrió amenazas, 34 % presentó violencia física y el 29 % perdió la vida.
En México, 8 de cada 10 periodistas denuncian haber sido intimidados en al menos una ocasión por la publicación de una nota, entrevista, o reportaje crítico que incomodó a alguien, según revela una encuesta realizada por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede).
En el estudio, el 77% de los consultados manifestaron haber sido objeto de acoso; el 65% sufrió amenazas, el 34% padeció violencia física, y el 29% fue privado de su libertad.
Sistematizar y presentar datos confiables y condenar públicamente los crímenes en contra de periodistas son dos de las principales recomendaciones emitidas por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia en un estudio avalado por la USAID, la Universidad de las Américas Puebla, la Academia Interamericana de Derechos Humanos y el Seminario de Violencia y Paz del Colegio de México.
En el Informe Avances y tareas pendientes para el fortalecimiento de la libertad de expresión en México 2018, cuya elaboración corrió a cargo de la investigadora Julieta Alejandra Brambila Ramírez
Nos tuteamos desde 1977 cuando éramos comunistas y algo así como colegas, porque ambos redactábamos en Oposición, el semanario de El Partido. La camaradería con amistad se enfrió al bifurcarse nuestras actividades: Encinas Rodríguez prosiguió en la política por la izquierda y yo me empeñé en ser periodista, en defender esta profesión y a mis pares. Así que puedo tutearlo públicamente.
En lo que van del año suman siete los periodistas asesinados, 45 en el actual sexenio, y 118 desde el año 2000. Los principales agresores de periodistas, por encima incluso de grupos del crimen organizado y la delincuencia, son funcionarios públicos.
En México, 8 de cada 10 periodistas denuncian haber sido intimidados en al menos una ocasión por la publicación de una nota, entrevista, o reportaje crítico que incomodó a alguien. Mientras que el 77% ha sido objeto de acoso; el 65% sufrió amenazas, el 34% padeció violencia física, y el 29% fue privado de su libertad. De hecho, el 90% de los periodistas creen que se encuentra en mayor riesgo que el resto de la población mexicana solo por ejercer su trabajo.
En México, 8 de cada 10 periodistas denuncian haber sido intimidados en al menos una ocasión por la publicación de una nota, entrevista, o reportaje.
El 77% de los periodistas, ha sido objeto de acoso un 65% sufrió amenazas, 34% tuvo algún tipo de violencia física, y un 29% fue privado de su libertad.
La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó de la captura de uno de los presuntos homicidas del periodista Mario Gómez Sánchez, corresponsal de El Heraldo en el municipio de Yajalón, quien fue asesinado el viernes.
Luis Alberto Sánchez, fiscal de homicidios, detalló que se trata de Juan Pablo N, “quien habría participado como halcón” ya que antes del asesinato se encargó de vigilar el domicilio del periodista para confirmar que estaba en ese lugar.
Ejercer la libertad de expresión en México es una actividad de alto riesgo para periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Revertir estas condiciones debe ser uno de los temas estratégicos para las autoridades de Gobernación, Seguridad Pública y Procuración de Justicia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Periodistas y personas defensoras de derechos humanos tienen que enfrentar condiciones de inseguridad pública, laboral y social para ejercer este derecho, en un contexto de violencia, impunidad y corrupción que se exacerba a nivel local.
