Con la participación de integrantes de diversas asociaciones civiles y colectivos de la región norte y carbonífera de Coahuila, se llevó a cabo el primer foro regional para la elaboración del Plan estatal de Derechos Humanos en el municipio de Piedras Negras y con lo cual arranca esta serie de foros en la entidad. 

El objetivo de dicho foro es la de recabar opiniones, soluciones, propuestas e inquietudes de la sociedad civil, para la integración de este programa estatal de derechos humanos, señaló José Ángel Rodríguez Canales, Unidad de DDHH del Gobierno del Estado de Coahuila.

A partir del próximo lunes 27 de mayo darán inicio los foros de consulta ciudadana para la construcción del Plan Estatal de Derechos Humanos que se anunció formalmente la semana anterior, y se espera que a finales de agosto se tenga listo el proyecto para su aprobación.

La Academia Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer la calendarización de los foros, y la mecánica a seguir para reunir las aportaciones de los diferentes actores de la sociedad: el 27 de mayo en Piedras Negras, el 28 del mismo mes en Monclova, la primera quincena de junio en Torreón y el 19 de junio en Saltillo.

Este jueves se llevó a cabo el curso taller de Acoso y violencia contra Periodistas por parte del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE), en coordinación con el INFORAJ en la capital del estado.

El curso taller fue dirigido por la psicóloga Brisa Armenta Cruz y Armando Rodríguez de CASEDE a periodistas de la entidad, a fin de sensibilizar a profesionales de los medios de comunicación local respecto a los delitos de acoso y violencia, con el propósito de sensibilizarlos respecto a este tema, “Que tanta difusión ha alcanzado por el alto impacto que causa en nuestra sociedad”, dijo.

El Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede) en coordinación con la UACH y CEDH impartieron curso-taller de Acoso y Violencia contra Periodistas.

En el Instituto de Formación y Actualización Judicial (Inforaj) de Chihuahua, sobre el Paseo Bolívar, Casede llevó a cabo la dinámica.

Armando Rodríguez Luna, director de proyectos de Casede, expuso números y datos sobre el mecanismo de protección a periodistas.

Está en formación la Guardia Nacional, que tendrá como encomienda garantizar la seguridad pública. ¿De qué tamaño es el monstruo que deberá enfrentar?, ¿qué tácticas y estrategias son las idóneas?, Newsweek en Español habló con expertos.

La criminalidad en México devasta pueblos y hace que 7 de cada 10 habitantes se sienta inseguro en el lugar que habita. Para contrarrestarlo, la apuesta del actual gobierno es la Guardia Nacional.

El 26 de marzo se publicó el decreto para la Guardia Nacional. Ya el Congreso prepara la Ley y sus reglamentos.

La próxima secretaría de seguridad no debería tener el control del aparato de inteligencia; tampoco se tendría que concentrar en una dependencia las estrategias de seguridad pública y seguridad nacional, indicaron expertos en la materia.

La desaparición de la Comisión Nacional de Seguridad dará paso –de acuerdo con la iniciativa de Morena que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal– a la secretaría de seguridad y protección ciudadana que se encargará del centro nacional de inteligencia.

La propuesta que se encuentra en la Cámara de Diputados señala que la nueva secretaría de seguridad coordinará y establecerá mecanismos para contar oportunamente con la información de seguridad pública y nacional.

También tendrá funciones en prevención del delito, administrar el sistema penitenciario federal y proponer programas de protección civil ante desastres naturales.

Martín Barrón Cruz, profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, advirtió que seguridad pública y seguridad nacional son términos que no pueden estar en una sola dependencia.

La violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos no cesa. Es más, recientes cifras revelan que ambos sectores son acechados por grupos del crimen organizado, hostigados y torturados por autoridades federales, y por si fuera poco, son víctimas de violencia física y psicológica.

La estadística es alarmante: 8 de cada 10 reporteros y activistas fueron amenazados de muerte, acosados o padeció ataques físicos y verbales tanto por autoridades estatales y federales como por el narcotráfico.

Ejercer la libertad de expresión en México es una actividad de alto riesgo para periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Revertir estas condiciones debe ser uno de los temas estratégicos para las autoridades de Gobernación, Seguridad Pública y Procuración de Justicia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Periodistas y personas defensoras de derechos humanos tienen que enfrentar condiciones de inseguridad pública, laboral y social para ejercer este derecho, en un contexto de violencia, impunidad y corrupción que se exacerba a nivel local.

Reportaje: Aplicó Nuevo León tortura policiaca como “política de Estado”

Autor: Anabel Manzano, Periodismo CIDE, la Fundación Omidyar Network, la Beca Mike O’Connor del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con Connectas)

Armando Rodríguez Luna, integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A. C. (CASEDE), considera difícil creer la versión de la procuraduría y plantea que las víctimas pudieron ser presionadas por las propias autoridades para desistir en sus denuncias sobre tortura.