Gerardo L. Munck. Revista Mexicana de Sociología, año 65, núm. 3, julio-septiembre, 2003
Resumen original: La realidad política actual de América Latina está configurada por la coexistencia de regímenes democráticos al lado de una serie de factores políticos y socio-económicos profundamente preocupantes: corrupción desenfrenada, violencia generalizada y niveles de pobreza y desigualdad desgarradores. Partiendo de esta caracterización, y evitando la común visión teleológica que ve a esos países siguiendo el camino de las democracias de Europa Occidental, se discuten los escenarios futuros que enfrenta América Latina. Además, poniendo el énfasis en uno de estos escenarios, fundado en una revalorización de la política, se esbozan los elementos de una nueva agenda política que permitiría refundar la gobernabilidad democrática sobre la base de prácticas más afines al buen gobierno (good government), seguridad y justicia, y prosperidad inclusiva.
Por Javier Treviño Rangel, Foro Internacional, Colmex, 2014
Este artículo busca explorar los múltiples factores por los cuales el proceso de justicia transicional en México resultó en impunidad. Al hacerlo, el artículo examina el desarrollo histórico de dicho proceso, desde la creación de la Fiscalía Especial en 2001 hasta su cierre en 2006. la pregunta que guía este artículo es: ¿qué factores permitieron que el proceso de justicia transicional protegiera, y no castigara, a los perpetradores de crímenes del pasado en México?
ANALÍTICA INTERNACIONAL, Coppan 2050 AC, Septiembre 2011
Para el Fund for Peace los estados fallidos son aquéllos cuyos gobiernos enfrentan una pérdida de control sobre el territorio o del monopolio del uso legítimo de la fuerza y, que además, son incapaces de proveer servicios públicos o de interactuar con otros estados como miembros plenos de la comunidad internacional. Para considerarles estados fallidos debe haber un fracaso en el aspecto social, político o económico del país. El Crisis States Research Center, por su parte, señala que el colapso de un estado sucede cuando pierde la capacidad para desempeñar funciones básicas de desarrollo o seguridad.
Por la UDLAP, CESIJ y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia
COORDINADORES: Dr. Juan Antonio Le Clercq Ortega l Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara
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El Índice de Impunidad Global es el primer gran esfuerzo académico internacio-e nal que busca medir un fenómeno multidimensional, en extremo complejo de analizar, como es el de la impunidad por país.
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Para el CESIJ la impunidad es un fenómeno multidimensional que va más allá del análisis de los delitos susceptibles de ser castigados como lo es el homicidio. Para el Centro, la impunidad tiene tres grandes dimensiones: seguridad, justicia y de- rechos humanos.
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La impunidad debe medirse con dos grandes criterios. En primer lugar la fun-i cio-nalidad de sus sistemas de seguridad, justicia y protección de los derechos humanos y en segundo la capacidad estructural que corresponde al diseño insti- tucional de cada uno de los países.
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Está comprobado estadísticamente que la impunidad está íntimamente relaciona- da con fenómenos humanos que nos preocupan y que están en el corazón de los mexicanos, como son el desarrollo humano, desigualdad y corrupción.
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La riqueza de los países, medida a través de sus capacidades económicas de producción, no es un factor determinante de la impunidad.
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Sí es necesario destinar los recursos necesarios para las estructuras de seguridad y justicia. Sin embargo, es mucho más importante que estas instituciones funcio- nen adecuadamente y respeten los derechos humanos.
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Vemos que la desigualdad sí es un indicador que está relacionado con la impuni-c dad. Aquellos países que no otorgan las oportunidades de desarrollo económico, no están realizando una tarea adecuada para reducir el acceso desigual a la segud- ridad y justicia entre su población.
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Los países que cuentan con niveles medios y altos de desarrollo humano también cuentan con niveles bajos de impunidad.
América Latina muestra hoy en día economías más fuertes e integradas, menos pobreza, democracias más consolidadas, así como Estados que han asumido mayores responsabilidades en la protección social. Pero, el flanco débil de la región es la violencia, el crimen y la inseguridad. En la última década la región ha sufrido una epidemia de violencia, acompañada por el crecimiento y difusión de los delitos, así como por el aumento del temor entre los ciudadanos. Entre 2000 y 2010 la tasa de homicidios de la región creció 11%, mientras que en la mayoría de las regiones del mundo descendió o se estabilizó. En una década han muerto más de 1 millón de personas en Latinoamérica y el Caribe por causa de la violencia criminal. Por otra parte, considerando los países para los cuales se cuenta con información, los robos se han casi triplicado en los últimos 25 años. Y, en un día típico, en América Latina 460 personas sufren las consecuencias de la violencia sexual; la mayoría son mujeres.