El informe se centra principalmente en varios casos documentados por Amnistía Internacional en los últimos dos años en el Distrito Federal y en los estados de Chihuahua, Baja California y el estado de México, aunque incluye también casos de otros estados que se han documentado con la ayuda de organizaciones locales de derechos humanos. Cuando fue posible, el equipo de investigación obtuvo documentos judiciales y otros informes oficiales relativos a los casos, y presentó a las autoridades una serie de solicitudes en aplicación de la Ley sobre Libertad de Acceso a la Información. El equipo entrevistó a víctimas, familiares y abogados, y consultó con comisiones locales y nacionales de derechos humanos, así como con organizaciones de la sociedad civil y con expertos médicos y juristas independientes. Amnistía Internacional habló también con autoridades del gobierno y con representantes de las procuradurías —tanto de la federal como de las estatales— incluidos peritos forenses, del poder judicial y de las comisiones de derechos humanos nacional y estatales. Las aportaciones de todas estas personas y organizaciones han sido inestimables para elaborar este informe.
Joaquín A. Mejía Rivera, Gerardo Ballesteros y Josué Murillo (coordinadores)
«Un lugar de violencia terrible, una perenne y oscura guerra civil, la enésima de una tierra que no para nunca de sangrar». Esta descripción que Roberto Saviano realiza sobre México, fácilmente podría ser un retrato de Honduras, pues ambos países se encuentran inmersos en una escalada de violencia que en el primero ha provocado, según cifras oficiales, aproximadamente 70 mil muertes solo en el sexenio de la presidencia de Felipe Calderón y, en el segundo, 90 homicidios por cada 100 mil habitantes en el año 2013, lo que lo posiciona como el país más violento del mundo, incluso por encima de aquellos donde existen guerras formalmente declaradas.