pdf Seguridad Pública en el PEF 2022: más gasolina para la militarización Popular

Título completo: Seguridad Pública en el PEF 2022: más gasolina para la militarización

Autor: Mariana Campos

Fecha de publicación: Octubre 2021

Institución participante: México Evalúa

Tipo de publicación: Artículo

Campo Temático: Seguridad Pública, militarización y gasto público

Palabras clave: Seguridad Pública, Seguridad Nacional, Guardia Nacional, justicia

Postura: Crítica

Argumento principal del informe:

El artículo hace un análisis del presupuesto público para el año 2022 con enfoque en seguridad pública y justicia penal. Realiza ejercicios de comparaciones principalmente con el año 2019 con el fin de proveer argumentos sobre el avance de la militarización de la seguridad pública. Analiza a las diferentes dependencias federales, incluyendo la Guardia Nacional, así como los Estados. Los principales puntos de análisis son:

- En el reporte se identificaba que la administración federal ha eliminado el financiamiento de la estrategia de fortalecimiento de la policía civil, particularmente en las instancias municipales, lo que apunta en los hechos a perpetuar la militarización del país.

- Para 2022 las transferencias federales destinadas a la seguridad pública de las entidades federativas y municipios se mantendrá constante frente a 2021. Además, por segundo año consecutivo no se plantea ningún fondo destinado a fortalecer la seguridad de los municipios con mayores índices delictivos. Ante los recortes presupuestales, los municipios han tenido que recortar otros capítulos de gasto para destinar recursos a labores de seguridad, afectando a los municipios más pequeños con menos margen de maniobra.

- El crecimiento en los recursos de la Guardia Nacional obedece principalmente a recursos por 22.6 mmdp de un nuevo rubro denominado ‘Provisiones para infraestructura de seguridad’, destinado a provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales, el resto corresponde a actividades de apoyo administrativo (2.4 mmdp) es particular por mayores recursos para prestaciones sociales y económicas y 0.8 mmdp de operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos.