pdf Militarización en la 4T Popular

Título completo: Militarización en la 4T

Autor: Documentos Institucional

Fecha de publicación: Julio, 2021

Institución participante: Programa de Seguridad Ciudadana Ibero

Tipo de publicación: Informe

Campo Temático: Defensa del Orden Democrático

Palabras clave: Militarización, Seguridad Pública Derechos Humanos

Postura: Crítica

Argumento principal del informe:

Esta investigación clarifica, al menos, lo siguiente: que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador continúa y profundiza la dinámica expansiva de transferencia de la responsabilidad de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas; y que además impulsa nuevas vías de influencia militar en funciones públicas que van más allá de la seguridad, desbordando más y más los parámetros del rol militar que están fijados en el marco constitucional y convencional. La información agregada en este reporte funda dudas mayores respecto a la posible alteración estructural en curso; es decir, la modificación del principio de subordinación militar al poder civil democráticamente electo. Estas dudas se multiplican luego de la publicación del Acuerdo Presidencial del 11 de mayo de 2020, que autoriza al Ejecutivo Federal disponer de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública, sin incluir los mecanismos que deben garantizar que la intervención militar, según ordena la propia Constitución, sea extraordinaria, subordinada, fiscalizada y complementaria, justo como lo hizo notar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como muchas otras entidades.

Principales hallazgos y/o conclusiones:

Durante el gobierno de López Obrador se observa una dinámica parecida, con la aplicación del conocimiento, equipo y personal militar desarrollados durante la guerra contra el narcotráfico de Calderón, a través de la Guardia Nacional. Esto con base en la premisa –de los programas pilotos de Policía Militar y Naval de 2014– que afirma que es posible desplegar fuerzas militarizadas, con alta capacidad para el uso de la fuerza y a largo plazo, con un índice reducido de violaciones a los derechos humanos. El proyecto ha generado dudas importantes, por ejemplo, la falta de supervisión civil e independiente de las fuerzas militares, la impunidad y la opacidad alrededor de los delitos cometidos y los civiles fallecidos en operaciones [108], así como la reducción de quejas contra la SEDENA a través del CNDH y sus principales índices de actividad reportados (enfrentamientos y detenciones) [109]. Sobre todo, no hay evidencia de la eficacia de este modelo de seguridad ante la ausencia de otras medidas, por ejemplo, en los municipios de Veracruz, donde inició la implementación de la Policía Naval [110]; o al nivel nacional con el incremento del 83% de la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, entre 2014 a 2018, de acuerdo con cifras del INEGI. A pesar de las dudas y temores sobre la eficacia de la Guardia Nacional y todas las funciones delegadas a esta institución, es notable la falta de discusión pública a nivel nacional en lo referente a su operación, y también en torno a las alternativas para atender la violencia desde enfoques no incrementales y de mano dura. En vez de una discusión seria y abierta, el país vive una serie de contradicciones que se hacen evidentes desde las mismas conferencias de prensa matutinas del gobierno federal. En estas, se insiste en un discurso pacífico mientras que, a la par, continúa la obvia y extensa militarización de la seguridad pública, que es documentada por los medios de comunicación, a pesar de la falta de transparencia y acceso a la información de las instituciones de seguridad.