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Militarización y Pandemia en el México del 2020

Título completo: Militarización y Pandemia en el México del 2020

Autor: Lisa María Sánchez Ortega

Fecha de publicación: Noviembre, 2020

Institución participante: Fundación Friederich Ebert

Tipo de publicación: Policy Brief

Campo Temático: Defensa del Orden Democrático

Palabras clave: Militarización, Seguridad Pública, Derechos Humanos, 

Postura: Crítica

Argumento principal del informe: 

En México, como en otros países de Latinoamérica, estamos viviendo un proceso de militarización de la vida y la seguridad pública que, si bien no es nuevo, en los últimos años se ha acelerado y ha logrado institucionalizarse incluso a costa del orden constitucional. Justifica[1]do como una necesidad por los distintos actores que lo promueven –entre ellos los propios gobiernos civiles–, este proceso no cesó ni se atemperó con la llegada de la emergencia sanitaria causada por la covid-19. Por el contrario, la disrupción de la normalidad institucional y social causada por la pandemia sirvió de oportunidad para acrecentar la presencia y competencias de las Fuerzas Armadas en el ámbito civil, sin que para ello mediara ni el más mínimo debate público. En este contexto, el empoderamiento de los militares hoy día no solo es palpable en el tradicional ámbito de la seguridad pública, sino que se extiende a otros como la salud, la distribución de bienes y servicios, la construcción de infraestructura y la fiscalización del comercio exterior; actividades a las que se suma un aumento considerable de su presencia y exposición en la escena pública.

Principales hallazgos y/o conclusiones:

Es un hecho que México vive un proceso de militarización por el que importantes facultades del gobierno civil, que trascienden ya el ámbito de la seguridad pública, se han trasladado a las FFAA. Para acomodarlo, el marco jurídico nacional ha sufrido constantes alteraciones que terminaron por ampliar el poder militar y reducir la capacidad civil para supervisarlo y acotarlo; y distorsionaron la manera en la que se reconocen y distribuyen competencias entre dependencias, instituciones y órdenes de gobierno. El engendro creado es indomable e insostenible. Peor. No podrá crear seguridad ni pacificar definitivamente al país. Primero porque no se entiende y segundo porque diluye la responsabilidad. Hoy en día soldados y marinos tienen un sinnúmero de competencias que varían dependiendo de la corporación que representan y el tipo de convenio de colaboración que impera. Dentro de esos, la soberanía de estados y municipios se gana o se pierde dependiendo las condiciones impuestas por quien les auxilia o sustituye. Luego entonces ¿quién es responsable? ¿Quién supervisa? ¿Qué fuero lo juzga? Todos y ninguno. Por si esto fuera poco, en fechas recientes se ha comenzado a justificar la ampliación de funciones y facultades de las FFAA en áreas tan disímiles como la construcción de infraestructura o el desarrollo de redes de distribución con el argumento de que estas deben intervenir para subsanar la incapacidad civil de gobierno. La lógica es perversa pero perfecta: quien detenta la responsabilidad de atender una necesidad o solucionar un problema cede su poder a quien no la tiene, pero puede hacerse cargo; a cambio los primeros aparecen como los artífices de la única solución posible mientras los segundos les absuelven de encontrar el verdadero arreglo.