pdf Alegación por militarización en México Popular

Título completo: Alegación por militarización en México

Autor: Comunicado conjunto

Fecha de publicación: Junio, 2020

Institución participante: Espacio OSC

Tipo de publicación: Comunicado de Prensa

Campo Temático: Defensa del Orden Democrático

Palabras clave: Derechos Humanos, Seguridad Pública, Militarización

Postura: Crítica

Argumento principal del informe: 

El 11 de mayo de 2020, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. El Acuerdo según uno de sus transitorios, entró en vigor al día siguiente de su publicación y concluirá su vigencia el 27 de marzo de 2024. No obstante, en su primer artículo el Acuerdo establece su vigencia desde la entrada en vigor del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional” publicado el 26 de marzo de 2019. Es decir, las tareas de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública se legalizaron, mediante el Acuerdo, de manera retroactiva a partir del 27 de marzo de 2019. La estrategia de seguridad militarizada en el país, como es del conocimiento de esta Ilustre CIDH, ha dejado miles de víctimas en México. Este contexto incluso ha sido calificado por el Gobierno actual como una “tragedia humana y social de dimensiones incalculables.” Sobre la Guardia Nacional, sabemos que desde su despliegue en junio de 2019 y hasta marzo de 2020, ha sido señalada como autoridad presuntamente responsable de cometer violaciones de derechos humanos en 211 quejas presentadas a la CNDH. De esas quejas, 27 corresponden a actos de detención arbitraria, 17 a tortura o trato cruel y 2 están relacionadas con actos de desaparición forzada.

Principales hallazgos y/o conclusiones:

Pese a la correlación entre la presencia de las fuerzas armadas y el incremento en las violaciones a derechos humanos, el modelo de militarización de la seguridad pública ha sido institucionalizado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien a menos de un año de su administración creó una Guardia Nacional (GN) con dirección y composición militar. Actualmente, la GN está en su mayoría compuesta por elementos del ejército y son militares quienes encabezan las coordinaciones estatales de la Guardia Nacional en el país. El Acuerdo implica el establecimiento de un modelo de seguridad contrario a un Estado democrático de derecho. La decisión del Estado de utilizar sus fuerzas armadas en labores policiales o de incluso crear una fuerza de seguridad conjunta policial y militar en tareas de seguridad, no es coherente con los principios democráticos de un Estado de derecho. Por el contrario, otorgarle a las Fuerzas Armadas un rol protagónico en la preservación de la seguridad pública implica asumir que las instituciones civiles no tienen la capacidad para hacer frente a los desafíos en materia de seguridad. El Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, presentado por el actual titular del Ejecutivo federal, implica la constitucionalización de un modelo militar de seguridad pública en México que es a todas luces contrario a las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos.