pdf One Year after the U.S.-Mexico Agreement Popular

Título completo: One Year after the U.S.-Mexico Agreement

Autor: Ariel G. Ruiz Soto

Fecha de publicación: Junio, 2020

Institución participante: Migration Policy Instituyte

Tipo de publicación: Policy Brief

Campo Temático: Seguridad Nacional y Riesgos

Palabras clave: Derechos Humanos, Migración, Relación Méxuco Estados Unidos, Transparencia

Postura: Neutral

Argumento principal del informe: 

En junio de 2019, tras meses de presenciar un aumento en la migración proveniente de Centroamérica a través de México y hacia Estados Unidos, que tensionó las relaciones entre ambos países, los gobiernos de Estados Unidos y México firmaron un acuerdo de colaboración migratoria. Este acuerdo marcó el comienzo de una nueva era en el desarrollo de los sistemas de control migratorio y protección humanitaria en México. Con fin de evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos tras la amenaza anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la administración de Andrés Manuel López Obrador acordó desplegar su recién creada Guardia Nacional para combatir la migración irregular; aceptó la expansión de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés y también conocidos como Quédate en México) a lo largo de la frontera México-Estados Unidos; además, se comprometió a aumentar la colaboración con Estados Unidos para interrumpir las redes de tráfico de migrantes. A su vez, la administración Trump acordó acelerar el procesamiento de solicitudes de asilo para los migrantes que se encontraran esperando en México bajo MPP y abordar las condiciones que impulsan la migración al invertir en esfuerzos de desarrollo económico en el sur de México y Centroamérica. En el transcurso de los 90 días posteriores a la implementación de este acuerdo, la migración irregular en la frontera entre México y Estados Unidos disminuyó drásticamente, cumpliendo con el objetivo principal del acuerdo. A fines de septiembre de 2019, el gobierno mexicano desplegó 25,000 tropas de la Guardia Nacional para asistir en la aplicación de controles migratorios, detuvo a 81,000 migrantes y repatrió a 62,000 a sus países de origen. Las autoridades mexicanas también recibieron a 39,000 migrantes de Estados Unidos bajo MPP, quienes permanecerían en México a la espera de la resolución de sus casos de asilo en Estados Unidos, representando más de cuatro veces el número transferido durante los cinco meses entre el lanzamiento de MPP en enero de 2019 y la firma del acuerdo en junio. Por lo tanto, si bien el enfoque inicial de la administración de López Obrador al asumir el cargo fue crear vías legales para facilitar la migración ordenada, la presión por parte de Estados Unidos para cumplir con los términos del acuerdo provocó un cambio abrupto hacia un enfoque de control y contención.

Principales hallazgos y/o conclusiones:

Un año después de su implementación, el acuerdo de cooperación migratoria entre Estados Unidos y México ha marcado un nuevo capítulo en el desarrollo de los sistemas de control migratorio y protección humanitaria de México, en el marco de un momento probablemente desafiante para los sistemas de migración en todo el mundo. Además de ser reconocido por ambos gobiernos por reducir con éxito la migración irregular a la frontera México-Estados Unidos, el acuerdo también aumentó la comunicación bilateral en torno a la migración, reformada la capacidad de la aplicación de normas y procesos migratorios y la protección humanitaria de México, y ayudó a identificar limitaciones institucionales importantes.
La combinación de mayores esfuerzos de control migratorio en México con el efecto disuasorio de MPP, y la serie de cambios unilaterales en la política estadounidense que reduce el acceso al asilo y la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto significativo en los cruces fronterizos ilegales. Las aprehensiones de migrantes han seguido una tendencia a la baja desde junio de 2019, y en abril de 2020 la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo 16.000 migrantes en la frontera de Estados Unidos y México, en comparación con 99,000 del año anterior. Sin embargo, a pesar de que México juega un papel más importante en gestión migratoria, no es tan evidente cuanto ha invertido el gobierno mexicano en mejorar la capacidad institucional y operativa del INM. Por ejemplo, en una encuesta, solo el 31 por ciento de los deportados centroamericanos reportaron que el INM les informo sobre su derecho a solicitar la condición de refugiado en 2019, aunque esta tasa se ha realizado desde 2016. Tampoco está claro si los gobiernos locales y estatales están preparados para abordar los desafíos serios de atender a las poblaciones migrantes nuevas y en crecimiento en las comunidades de todo México, y a las poblaciones particularmente vulnerables a lo largo de su frontera norte con los Estados Unidos y la frontera Sur con Guatemala. Al mismo tiempo, dado que el acceso al asilo en la frontera México-Estados Unidos se ha reducido, la carga de proporcionar protección humanitarismo a los necesitados se ha trasladado en gran medida al gobierno mexicano. Sin embargo, las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil asumen la mayor parte de la responsabilidad.