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Guardia Nacional Una mirada a lo que ocurre en Sonora

Título completo: Guardia Nacional Una mirada a lo que ocurre en Sonora

Autor: Documentos Institucional

Fecha de publicación: Diciembre, 2020

Institución participante: Observatorio Ciudadano Sonora

Tipo de publicación: Informe

Campo Temático: Seguridad Nacional y Riesgos

Palabras clave: Guardia Nacional, Entidades, Despliegue, Operaciones

Postura: Neutral

Argumento principal del informe:

Los que se sabe de la Guardia Nacional en Sonora. Reclutamiento: 2,690 elementos de la Guardia Nacional en Sonora. Despliegue: Entre los meses de febrero y junio de 2019, se anunció por diferentes medios de comunicación, el reclutamiento para la Guardia Nacional. Infraestructura: Inauguración de la base de la GN en Bavispe y Moctezuma y aunque ya está habitado por elementos de la Guardia Nacional el cuartel de Cajeme no ha sido oficialmente inaugurado, además de estar en proceso el cuartel de Nogales, Pitiquito, Hermosillo, y para dos mil veintiuno en San Luis Río Colorado. Elementos militares en la esfera civil: agosto 2019, se anunció la militarización de 5 municipios, Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme y en el caso de Navojoa (nunca hubo cambio). Hasta el día de hoy solo quedan dos mandos militares en los municipios de Hermosillo y Guaymas

Principales hallazgos y/o conclusiones: 

La prisa con la que se pretende poner en operación la Guardia Nacional puede ser un elemento que juegue en contra de la propia corporación. Aún no están definidos elementos sustantivos como el proceso de incorporación del personal (reclutamiento), así como los controles y la certificación que tendrá que tener el nuevo cuerpo, tanto a nivel interno como externo, y hay que insistir en la importancia del proceso de capacitación de los elementos que la conformen.
El gran riesgo de la estrategia del gobierno de López Obrador es su apuesta por profundizar las tareas de las Fuerzas Armadas en el área de la seguridad pública. Policializar a los militares aspira a ser la mejor salida a la crisis de inseguridad y violencia, pero este camino conlleva el riesgo de un desgaste mayor de las instituciones armadas. Los avances en el desarrollo de la Guardia Nacional dan cuenta del vaivén entre la policialización de los militares y la militarización de la seguridad pública. En todo caso, se deben considerar los riesgos y los costos de ambos escenarios (en términos institucionales, de resultados y de la relación con las personas) y encarar el enorme reto que implica la necesaria reforma policial en el país. La apuesta deberá ser la consolidación de la Guardia Nacional en cinco años, que permita el retiro gradual de los militares de las funciones de seguridad pública y la consolidación de una fuerza intermedia que atienda estas tareas, en colaboración con las policías. La prisa con la que se pretende poner en operación la Guardia Nacional puede ser un elemento que juegue en contra de la propia corporación. Aún no están definidos elementos sustantivos como el proceso de incorporación del personal (reclutamiento), así como los controles y la certificación que tendrá que tener el nuevo cuerpo, tanto a nivel interno como externo, y hay que insistir en la importancia del proceso de capacitación de los elementos que la conformen.
El gran riesgo de la estrategia del gobierno de López Obrador es su apuesta por profundizar las tareas de las Fuerzas Armadas en el área de la seguridad pública. Policializar a los militares aspira a ser la mejor salida a la crisis de inseguridad y violencia, pero este camino conlleva el riesgo de un desgaste mayor de las instituciones armadas. Los avances en el desarrollo de la Guardia Nacional dan cuenta del vaivén entre la policialización de los militares y la militarización de la seguridad pública. En todo caso, se deben considerar los riesgos y los costos de ambos escenarios (en términos institucionales, de resultados y de la relación con las personas) y encarar el enorme reto que implica la necesaria reforma policial en el país. La apuesta deberá ser la consolidación de la Guardia Nacional en cinco años, que permita el retiro gradual de los militares de las funciones de seguridad pública y la consolidación de una fuerza intermedia que atienda estas tareas, en colaboración con las policías.