Título: Mucho gasto y resultados inciertos. El costo creciente de nuestra Policía Federal

Autores: Marcelo Bergman Harfin y Arturo Arango Durán, CIDE, Cuaderno de debate núm. 11

Este documento describe el gasto de la Secretaria de Seguridad Publica Federal (SSP) a lo largo de la última década, con especial énfasis en los últimos años. Aunque existen grandes dificultades de medir gastos contra resultados, presentamos una descripción que permite: a) dimensionar la cantidad de recursos erogados, b) identificar hacia donde se orientaron los gastos y c) incursionar en evaluaciones primarias acerca de qué se obtuvo con este gasto.

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By: Stephen Johnson, Johanna Mendelson Forman, Katherine Bliss. Center for Strategic and International Studies

Summary: Police reform is a growth industry in the Americas. First, security threats have largely shifted from external state-sponsored aggression to stateless crime that affects citizens more directly and undermines confidence in government. Once deployed for external defense as well as for guarding internal order, armies are not equipped to deal with public safety in a setting where combating crime requires special knowledge to protect the rights of victims and perpetrators, preserve evidence, and apply the right intelligence and patrolling tools to keep crimes from happening. Second, not all Latin American law enforcement institutions can protect citizens in this manner, given that in some cases they are tied to political parties or that they exist as a poorer, fourth branch of the army.

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Por Miguel Moguel, Fundar

El país enfrenta una crisis de derechos humanos manifiesta en la inestimable cifra de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, de homicidios; en la persistencia de la tortura y otros tratos inhumanos y crueles, en las detenciones arbitrarias, el abuso a migrantes, en la situación que viven sus defensores y también los periodistas. A todo lo anterior, baste agregar la enorme impunidad que continúa prevaleciendo en muchos de estos casos para entonces, poder concluir en la gravedad de esta emergencia humanitaria. Esta situación no es de ningún modo ajena al nuevo gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto quien, a partir de su llegada al poder el 1o de diciembre de 2012, establece como un compromiso de su administración construir y estructurar políticas para atender éstas y otras problemáticas urgentes para el país. La apuesta del Gobierno Federal fue desde entonces, impulsar una nueva intervención pública —por lo menos discursivamente distinta a la de su antecesor Felipe Calderón que durante su mandato dejó un altísimo saldo de víctimas—, avalada por el consenso de múltiples actores políticos. Es así como surge el Pacto por México.

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El gobierno federal ha decidido incorporar a los grupos de autodefensas del estado de Michoacán a los Cuerpos de Defensa Rurales (CDR) a través del Acuerdo de Tepalcatepec. Para algunos especialistas miembros de Casede, existen muchas ambigüedades aún acerca del tipo de mando que la autoridad podrá ejercer sobre estos grupos, debido a que también abre la posibilidad para que formen parte de las Policías Municipales. En el caso de las CDR estarían bajo el mando castrense y en el de la Policía Municipal bajo el mando civil. Prevalecen preocupaciones mayores, ¿a quién rendirán cuentas en materia de uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos?, ¿estarán sujetos a la jurisdicción civil o militar?, ¿cuál es la estrategia que enmarca esta decisión? En los siguientes links podrán descargar documentos clave para abordar este tema.

Documentos recomendados:

Acuerdo de Tepalcatepec.

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Instructivo para la organización, funcionamiento y empleo de los Cuerpos de Defensa Rurales. 

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Stories of Drug Trafficking in Rural Mexico: Territories, Drugs and Cartels in Michoacán. 

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Por Maureen MeyerWOLA

Durante más de dos décadas, sucesivos gobiernos mexicanos han tomado medidas para crear fuerzas policiales más profesionales, modernas y mejor equipadas. Aunque estas reformas han incluido algunos elementos positivos, no han logrado establecer sólidos controles internos y externos sobre las acciones policiales, lo que permite que continúe un patrón generalizado de abuso y corrupción. Este informe examina las reformas policiales de este país, prestando particular atención a los mecanismos de rendición de cuentas, y ofrece recomendaciones para el fortalecimiento de los esfuerzos existentes de reforma policial con el fin de establecer fuerzas respetuosas de los derechos y que cuenten con la confianza de la ciudadanía.

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