La privación de la libertad provoca daños y deterioros irreversibles en el desarrollo y evolución de los adolescentes. Por ello, tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación nacional correspondiente, han establecido que la privación de la libertad debe ser una medida de último recurso, aplicable sólo por delitos graves y por el tiempo más breve que proceda; debiendo privilegiarse otro tipo de medidas en el entorno comunitario, consideradas más beneficiosas para las y los adolescentes y para la propia comunidad a la que pertenecen. Pese a ello, en México cada año son privados de su libertad en promedio 4,500 adolescentes acusados de haber cometido delitos considerados graves por la ley. Estas condenas pueden ir desde un año hasta 15 ó 20 en los casos más extremos.

Los desafíos que plantean la reinserción social y familiar de esta población, aunados a la difícil situación que priva en muchos de los centros de internamiento del país, son enormes y de urgente atención. Como bien lo expresa la autora de este estudio, se encuentra en juego la posibilidad de dotar a los jóvenes de herramientas que les permitan reincorporarse de manera sana y productiva a la sociedad frente al riesgo de que se arraiguen en una carrera delictiva.

En este contexto y en el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana consideró necesario conocer con mayor profundidad la situación de las y los adolescentes privados de libertad en diferentes centros de internamiento en el país, poniendo el foco de atención en aquellos que han cometido delitos graves. La finalidad de esta investigación es generar mayor conocimiento que permita el desarrollo de políticas públicas eficaces para la atención de esta población y, así, contribuir a la disminución de la violencia y la inseguridad en el país.

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