Por Farid Kahhat, Reforma, 18 de Diciembre, 2010

¿Cómo se garantiza en una democracia representativa que el poder ejecutivo se comporte de acuerdo a la Constitución y las leyes? A través de dos medios fundamentales: el primero es la existencia de entidades capaces de fiscalizar y contrapesar el poder del Ejecutivo (desde el Congreso hasta la prensa independiente). El segundo es la sanción que por los abusos de poder le podría infligir el electorado en las urnas. A su vez para que esos medios funcionen, se requiere que la información relevante sobre la conducta del Ejecutivo sea de dominio público. El problema con eso es que puede existir información que por razones legítimas (como la seguridad nacional), cabría mantener en reserva. Lo cual lleva a formular una pregunta medular: ¿Quién y bajo qué criterios define cuál es esa información y cómo debe ser procesada?

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