Durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han estado implicados en graves violaciones de derechos humanos en forma reiterada —incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura— en el marco de acciones contra el crimen organizado. El gobierno ha logrado muy pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aun en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el ex Presidente Felipe Calderón (2006-2012) inició la “guerra contra el narcotráfico” en México.

En septiembre de 2015, un grupo de expertos designado a través de un acuerdo entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expuso graves falencias en la investigación gubernamental de las desapariciones forzadas de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, refutó las conclusiones clave de la Procuraduría General de la República (PGR) e instó a las autoridades a que indagaran nuevas líneas de investigación. El gobierno aceptó posteriormente prorrogar el mandato del grupo para que continuara el seguimiento a la investigación durante otros seis meses. Al momento de la redacción del presente informe, y a más de un año de las desapariciones, todavía se desconoce el paradero de al menos 41 estudiantes.

Otros problemas que persisten son las restricciones a la libertad de prensa y al acceso a derechos reproductivos y a la atención de la salud. 

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