Título completo: Manual de buenas prácticas para la protección de los testigos en las actuaciones penales que guarden relación con la delincuencia organizada. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Nueva York, 2008.

Prefacio:

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito pudo reunir las buenas prácticas del presente manual para la protección de los testigos en las actuaciones penales que guarden relación con la delincuencia organizada gracias al apoyo activo y las aportaciones de profesionales entregados de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, los tribunales penales internacionales y las organizaciones internacionales que intervienen en esa esfera. Su participación en las reuniones de los grupos de expertos de la Oficina y sus observaciones atentas durante el proceso de redacción fueron una fuente de inspiración y sirvieron para crear un texto que va más allá de los habituales enfoques teóricos generales de la protección de testigos y se ocupa de los aspectos operativos del establecimiento y ejecución de los programas de protección de testigos.

México vive grandes problemas de inseguridad, violencia y criminalidad que impactan en los más diversos aspectos de la vida nacional. La sociedad y los gobiernos de los tres niveles se encuentran legítimamente preocupados y ocupados en superar y esta etapa, y alcanzar la seguridad y la justicia en democracia. Esta propuesta al Estado mexicano se nutre del espíritu y ánimo de colaboración con la sociedad y el Estado, con un deseo solidario de contribuir a encontrar soluciones a nuestros problemas actuales de seguridad y justicia en democracia. En la propuesta y sus recomendaciones existe un ánimo propositivo. Es momento de unir voluntades y esfuerzos, no de dividirnos.

Resumen ejecutivo:

• El Índice de Impunidad de México (IGI-MEX) se construyó a partir del modelo teórico sobre impunidad y la metodología cuantitativa del Índice Global de Impunidad 2015 (IGI)
• La impunidad es multidimensional. Es decir, la impunidad debe ser entendida como un fenómeno que surge de varias dimensiones del quehacer de un Estado como es la responsabilidad de la seguridad ciudadana, la procuración y administración de justicia, el buen funcionamiento del sistema penitenciario así como la protección de los derechos humanos.

Título completo: Investigación sobre el trato y reparaciones proporcionadas por el Estado mexicano a las vícitmas de la masacre de San Fernando, Tamaulipas en 2010 y la desaparición de habitantes de Allende, Coahuila en 2011. 

Descripción: En 2016 El Colegio de México (COLMEX) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) firmaron un convenio general de colaboración con la presencia de los titulares de ambas instituciones, la Dra. Silvia Giorguli, Presidenta del Colmex y el Lic. Sergio Jaime Rochín del Rincón, Comisionado Presidente de la CEAV. El convenio es resultado del trabajo que ha realizado el Colegio de México a través del Seminario de Violencia y Paz que coordina el Dr. Sergio Aguayo, profesor-investigador de la institución y defensor de los Derechos Humanos; en dicho Seminario se gestó la idea de crear un mecanismo de investigación más riguroso sobre la situación de las víctimas en el país y las instituciones públicas encargadas de dar seguimiento a sus casos. Se buscará que al término de la investigación, las observaciones resultantes se deriven en recomendaciones para las Procuradurías estatales en Tamaulipas y Coahuila y la General de La República encargadas de los casos; los resultados se publicarán en su momento de manera digital por El Colegio de México para su difusión a la sociedad mexicana.

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La privación de la libertad provoca daños y deterioros irreversibles en el desarrollo y evolución de los adolescentes. Por ello, tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación nacional correspondiente, han establecido que la privación de la libertad debe ser una medida de último recurso, aplicable sólo por delitos graves y por el tiempo más breve que proceda; debiendo privilegiarse otro tipo de medidas en el entorno comunitario, consideradas más beneficiosas para las y los adolescentes y para la propia comunidad a la que pertenecen. Pese a ello, en México cada año son privados de su libertad en promedio 4,500 adolescentes acusados de haber cometido delitos considerados graves por la ley. Estas condenas pueden ir desde un año hasta 15 ó 20 en los casos más extremos.

Título completo: Especialización en el Sistema Acusatorio Adversarial para Agentes Investigadores. Curso

Autor: Mtro. Juan Daniel Aguirre Rosales. Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 2014

Presentación: Considerando que la investigación de delitos es la recolección sistemática de información por medio de la que se llega a la identificación, aprehensión y castigo de los posibles sospechosos, es necesario entonces, brindar una herramienta técnica que defina los procedimientos científicos y legales para que la información obtenida por los investigadores policiales sea admitida como prueba por los jueces, y así los mismos investigadores proporcionen al Agente del Ministerio Público el mejor instrumento que tendrán para cubrir cabalmente la finalidad de un procedimiento penal acusatorio.

Título completo: Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018

Fuente: Diario Oficial de la Federación