Título completo: Investigación sobre el trato y reparaciones proporcionadas por el Estado mexicano a las vícitmas de la masacre de San Fernando, Tamaulipas en 2010 y la desaparición de habitantes de Allende, Coahuila en 2011. 

Descripción: En 2016 El Colegio de México (COLMEX) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) firmaron un convenio general de colaboración con la presencia de los titulares de ambas instituciones, la Dra. Silvia Giorguli, Presidenta del Colmex y el Lic. Sergio Jaime Rochín del Rincón, Comisionado Presidente de la CEAV. El convenio es resultado del trabajo que ha realizado el Colegio de México a través del Seminario de Violencia y Paz que coordina el Dr. Sergio Aguayo, profesor-investigador de la institución y defensor de los Derechos Humanos; en dicho Seminario se gestó la idea de crear un mecanismo de investigación más riguroso sobre la situación de las víctimas en el país y las instituciones públicas encargadas de dar seguimiento a sus casos. Se buscará que al término de la investigación, las observaciones resultantes se deriven en recomendaciones para las Procuradurías estatales en Tamaulipas y Coahuila y la General de La República encargadas de los casos; los resultados se publicarán en su momento de manera digital por El Colegio de México para su difusión a la sociedad mexicana.

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La privación de la libertad provoca daños y deterioros irreversibles en el desarrollo y evolución de los adolescentes. Por ello, tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación nacional correspondiente, han establecido que la privación de la libertad debe ser una medida de último recurso, aplicable sólo por delitos graves y por el tiempo más breve que proceda; debiendo privilegiarse otro tipo de medidas en el entorno comunitario, consideradas más beneficiosas para las y los adolescentes y para la propia comunidad a la que pertenecen. Pese a ello, en México cada año son privados de su libertad en promedio 4,500 adolescentes acusados de haber cometido delitos considerados graves por la ley. Estas condenas pueden ir desde un año hasta 15 ó 20 en los casos más extremos.

Los desafíos que plantean la reinserción social y familiar de esta población, aunados a la difícil situación que priva en muchos de los centros de internamiento del país, son enormes y de urgente atención. Como bien lo expresa la autora de este estudio, se encuentra en juego la posibilidad de dotar a los jóvenes de herramientas que les permitan reincorporarse de manera sana y productiva a la sociedad frente al riesgo de que se arraiguen en una carrera delictiva.

En este contexto y en el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana consideró necesario conocer con mayor profundidad la situación de las y los adolescentes privados de libertad en diferentes centros de internamiento en el país, poniendo el foco de atención en aquellos que han cometido delitos graves. La finalidad de esta investigación es generar mayor conocimiento que permita el desarrollo de políticas públicas eficaces para la atención de esta población y, así, contribuir a la disminución de la violencia y la inseguridad en el país.

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México vive grandes problemas de inseguridad, violencia y criminalidad que impactan en los más diversos aspectos de la vida nacional. La sociedad y los gobiernos de los tres niveles se encuentran legítimamente preocupados y ocupados en superar y esta etapa, y alcanzar la seguridad y la justicia en democracia. Esta propuesta al Estado mexicano se nutre del espíritu y ánimo de colaboración con la sociedad y el Estado, con un deseo solidario de contribuir a encontrar soluciones a nuestros problemas actuales de seguridad y justicia en democracia. En la propuesta y sus recomendaciones existe un ánimo propositivo. Es momento de unir voluntades y esfuerzos, no de dividirnos.

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Resumen ejecutivo:

  • El Índice de Impunidad de México (IGI-MEX) se construyó a partir del modelo teórico sobre impunidad y la metodología cuantitativa del Índice Global de Impunidad 2015 (IGI)
  • La impunidad es multidimensional. Es decir, la impunidad debe ser entendida como un fenómeno que surge de varias dimensiones del quehacer de un Estado como es la responsabilidad de la seguridad ciudadana, la procuración y administración de justicia, el buen funcionamiento del sistema penitenciario así como la protección de los derechos humanos.
  • La impunidad es multicausal porque encuentra sus orígenes durante el proceso que inicia con la comisión de un delito, hasta que este es castigado y sus víctimas reciben la reparación por el
    daño causado. La impunidad mantiene correlación estadística con los niveles de corrupción y desigualdad socioeconómica
  • La impunidad surge a partir del mal funcionamiento de las dimensiones de seguridad, justicia y derechos humanos en el ámbito nacional y local de los países.
  • Existe corresponsabilidad de todos los poderes de gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial) y en los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) para atender el problema de la impunidad.
  • La impunidad es un problema de gobernanza. En otras palabras, es un asunto que ya rebasó a todas las instancias de gobierno que claramente no pueden atender este problema de manera aislada. Por lo anterior, se necesita la atención y participación urgente de otros actores no gubernamentales como la sociedad civil, sector privado, academia, medios de comunicación y organizaciones internacionales.

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Título completo: Manual de buenas prácticas para la protección de los testigos en las actuaciones penales que guarden relación con la delincuencia organizada. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Nueva York, 2008.

Prefacio:

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito pudo reunir las buenas prácticas del presente manual para la protección de los testigos en las actuaciones penales que guarden relación con la delincuencia organizada gracias al apoyo activo y las aportaciones de profesionales entregados de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, los tribunales penales internacionales y las organizaciones internacionales que intervienen en esa esfera. Su participación en las reuniones de los grupos de expertos de la Oficina y sus observaciones atentas durante el proceso de redacción fueron una fuente de inspiración y sirvieron para crear un texto que va más allá de los habituales enfoques teóricos generales de la protección de testigos y se ocupa de los aspectos operativos del establecimiento y ejecución de los programas de protección de testigos.

Por razones de seguridad, no es posible publicar los nombres de los expertos en la materia que contribuyeron, pero la Oficina les manifiesta su agradecimiento y gratitud. El Manual de buenas prácticas para la protección de los testigos en las actuaciones penales que guarden relación con la delincuencia organizada fue elaborado por la Sección de Lucha contra los Tráficos, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, bajo la supervisión de Brian Taylor. El texto fue preparado por Ilias Chatzis y revisado por Karen Kramer. Silke Albert, Demostenes Chryssikos, Stuart Gilman y Felipe De La Torre ofrecieron observaciones, y Nicole Maric y Tejal Jesrani efectuaron trabajos de investigación.

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