El inicio de la modernización del Acuerdo Global entre México y la UE en 2015 nos ha llevado a analizar la eficacia del acuerdo que entró en vigor en 2000 y de la cláusula de derechos humanos que incluye este acuerdo. En el caso del Acuerdo Global, aunque se han documentado numerosas violaciones sistemáticas de los derechos humanos en México, algunas consideradas incluso como crímenes de lesa humanidad, nunca se ha aplicado. Este informe analiza tanto el acuerdo de 1997 –que entró en vigor en 2000– como el proceso de modernización, teniendo en cuenta las violaciones de derechos humanos en México, donde la acción o inacción de actores clave de las empresas transnacionales y los organismos gubernamentales son determinantes. A partir de aquí proponemos alternativas para hacer más efectiva la cláusula democrática en la modernización del acuerdo.

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A pedido de las familias de los 43 normalistas de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014 y de las organizaciones que las representan legalmente, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan de Guerrero, Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Guerrero y Servicios y Asesoría para la Paz, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comenzó a trabajar como perito de las familias en esta investigación desde el 4 de octubre del 2014. Si bien el EAAF trabaja en varias investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en la Ciudad de Iguala de la Independencia la noche del 26 y 27 de Septiembre del 2014, el presente dictamen se refiere exclusivamente al los resultados alcanzados sobre Basurero de Cocula.

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Durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han estado implicados en graves violaciones de derechos humanos en forma reiterada —incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura— en el marco de acciones contra el crimen organizado. El gobierno ha logrado muy pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aun en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el ex Presidente Felipe Calderón (2006-2012) inició la “guerra contra el narcotráfico” en México.

En septiembre de 2015, un grupo de expertos designado a través de un acuerdo entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expuso graves falencias en la investigación gubernamental de las desapariciones forzadas de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, refutó las conclusiones clave de la Procuraduría General de la República (PGR) e instó a las autoridades a que indagaran nuevas líneas de investigación. El gobierno aceptó posteriormente prorrogar el mandato del grupo para que continuara el seguimiento a la investigación durante otros seis meses. Al momento de la redacción del presente informe, y a más de un año de las desapariciones, todavía se desconoce el paradero de al menos 41 estudiantes.

Otros problemas que persisten son las restricciones a la libertad de prensa y al acceso a derechos reproductivos y a la atención de la salud. 

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El Informe Ayotzinapa II, Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, da cuenta del trabajo realizado por el Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes, como parte de la asistencia técnica acordada por el Estado mexicano y los representantes de las víctimas con la CIDH. El GIEI comenzó su trabajo en México el 2 de marzo de 2015. Tras el acuerdo logrado en Washington para la extensión del mandato del GIEI por un segundo período, el GIEI ha seguido desarrollando su trabajo en esas áreas durante los pasados seis meses. Este segundo informe da continuidad al trabajo, con nuevos hallazgos y propuestas.

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Por: INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación.

En esta obra se ponen en duda algunas de las convicciones más difundidas sobre la sociedad de la información. El autor se interroga acerca de si acaso el derecho a internet puede ser un derecho humano, si no ha habido en los discursos sobre la red, un marcado retroceso en el tema de los derechos de las víctimas, y en el extremo si la llamada sociedad de la información puede ser caracterizada, y desde qué ámbitos, como una verdadera sociedad. Uno de los problemas más severos que expone el autor se refiere a dos aspectos; la dificultad para conceptualizar al ciberespacio como una verdadera sociedad y una virtual ausencia de Estado, son los que han llevado al investigador a caracterizarlo como una verdadera Terra Incógnita. 

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